Page 115 - El poder del pasado. 150 años de arqueología en España

Legislación, patrimonio arqueológico y sociedad
La arqueología tiene tres objetivos centrales: primero, el descubrimiento y conservación de los restos mate- riales del pasado; segundo, la representación del pasa- do histórico de cada sociedad actual y tercero, la trans- misión de ese conocimiento a toda la sociedad. Esto es, una función conservadora, otra histórica y una última cultural. Y las tres deben estar integradas.
El marco legislativo y normativo de la arqueología en España en los años 1960 seguía anclado en el pasado aunque ciertamente la arqueología no creaba demasia- dos problemas a las administraciones. Con la muerte de Franco y el inicio de la Transición democrática, resulta evidente la necesidad de adecuarse a la normativa eu- ropea, por eso España ratifica en 1975 el Convenio Euro- peo para la protección del patrimonio arqueológico, a pesar de que la legislación española no cumplía los re- querimientos internacionales. Tras algunos intentos fallidos, finalmente en 1985 se aprueba la Ley de Patri- monio Histórico Español (LPHE). La LPHE supuso un gran avance para la arqueología española y es la ley marco actual (Alegre 1997, Pérez de Armiñán 1987). En todo caso su promulgación fue paralela a la estructura- ción del estado de las autonomías, dentro del cual las competencias en arqueología se traspasaron a la Co- munidades Autónomas. Enseguida fue considerada la LPHE como una invasión de las prerrogativas de las Co- munidades Autónomas y por eso a los pocos años, en 1990 apareció la primera ley autonómica, la de Casti- lla–La Mancha. Desde entonces, hasta 2013 con la Ley de Madrid, las Comunidades Autónomas fueron apro- bando leyes propias en un lento goteo, que de forma desigual «copiaban» o desarrollaban en mayor o menor medida nuevos planteamientos respecto a la LPHE.
El proceso de profesionalización de la arqueología siguió casi en paralelo al desarrollo legislativo y norma- tivo. En 1984 se constituyo la Asociación Profesional de Arqueólogos de España (APAE) pero los cambios políti- cos, el desarrollo del «estado de las autonomías» y la emergencia de colectivos potentes sobre todo en las nacionalidades históricas llevaron a la creación de aso- ciaciones autonómicas, que en cualquier caso siempre encontraron la dificultad de reunir a los distintos tipos de arqueólogos en su seno. En 1990 los Colegios profe- sionales de Doctores y Licenciados de Madrid y Barce- lona abrieron secciones de arqueología, que en el pri- mer caso sigue bastante activa. Pero los profesionales de la arqueología en España constituyen un grupo he- terogéneo y sus practicantes se ven y califican de dis- tinta forma dependiendo del ámbito en el que se en- cuentran. De forma que desde la empresa se ve a la Academia fuera de la realidad, a la Administración las- trada por la burocracia y la rutina y a los museos como autoridad exigente a la hora de entregar materiales; la
Academia a su vez se considera por encima de la Admi- nistración, los museos y las empresas; por su parte los museos se quejan de la Administración, recelan de las empresas y creen que la Academia les mira por encima del hombro, mientras que, finalmente la Administra- ción ve incompetencia para que todos los demás sigan sus normativas (Almansa 2017: 230).
El patrimonio histórico y el arqueológico ha sido contemplado desde una perspectiva demasiado «esen- cialista», como fin en sí mismo por su valor documen- tal y estético, pero menos como instrumento de cultura al servicio de la ciudadanía. Por otra parte, el compro- miso de las administraciones autonómicas con la ar- queología se ha ido debilitando en las dos últimas déca- das, cierto que con diferencias notables según las Comunidades Autónomas (Martínez 2002, Martínez y Querol 2004), pero como tendencia general creo que es evidente. Así, se han ido olvidando los Consejos Aseso- res, suprimido los concursos de subvenciones para proyectos de excavación, reducido el número de inter- venciones y ralentizado el proceso de publicación de resultados, especialmente las memorias de excava- ción. Las administraciones autonómicas legislan, esta- blecen normativas y criterios para la práctica arqueoló- gica, son responsables de la protección y preservación del patrimonio arqueológico y de poner al alcance de los ciudadanos su conocimiento y disfrute. Por eso, de alguna forma las administraciones de las Comunida- des Autónomas tienen, metafóricamente hablando, el paletín de la arqueología española por el mango. Sin embargo, difícilmente alguna de ellas se salvaría de la acusación de que no tienen una verdadera política ar- queológica (Vigil Escalera 2011: 18-19).
Uno de los resultados, probablemente no inten- cionadamente buscado, con la gestión arqueológica de las Comunidades Autónomas ha sido la creación de marcos de investigación muy cerrados en las propias fronteras administrativas actuales. La arqueología, en cierto modo, se fue «provincializando», porque los lí- mites político-administrativos se fueron asumiendo como los propios de la investigación arqueológica. Así, la división territorial parecía marcada más que por las cuerdas que empleamos en los cortes de excavación por alambre de espino.
Un dato desconocido, si exceptuamos algunos ca- sos concretos, es el número de excavaciones o proyec- tos realizados en cada Comunidad Autónoma, desglo- sando titulares de los mismos y equipos e importe de la financiación por intervenciones. Resultado también de la carencia de una agencia o institución central que ca- nalice toda la información y los datos de la arqueología del estado. Igualmente desconocemos el grado de en- dogamia autonómica por Comunidades, es decir el porcentaje de intervenciones de equipos de la propia Comunidad y los externos o de otras Comunidades y
La configuración de la arqueología contemporánea en España ( 1960-2017 ) 115